El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá a modificar parcialmente el Real Decreto 293/13, de 5 de abril, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
El Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, establecía las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 dedicado a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
En esta norma se establecía que la actividad de los verificadores medioambientales debía estar acreditada y supervisada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Con posterioridad, la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio de 2016 ha procedido a declarar que los artículos referidos a la regulación de la actividad de los verificadores medioambientales (artículo 11, apartados 1 y 2, y el artículo 12, apartados 1 y 4, así como la disposición transitoria primera y el segundo inciso de la disposición final tercera del Real Decreto 239/2013), son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos.
Por lo tanto, el MAPAMA procederá a modificar parcialmente el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, con el fin de dar una nueva redacción a los artículos declarados nulos que sea conforme con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional y dotar así de seguridad jurídica a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
El principal cambio radica en que, ahora, los verificadores medioambientales deberán obtener la acreditación por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en aquellos casos en los que las autoridades autonómicas competentes así lo establezcan, o bien la autorización por parte de las entidades de evaluación que establezcan las autoridades autonómicas competentes. Es decir, se abren las posibilidades de acreditación de los verificadores medioambientales en función de lo que establezca cada Comunidad Autónoma.
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