Estas Directrices establecen las condiciones para autorizar la concesión de ayudas estatales destinadas a hacer frente a los fallos de mercado que impiden que la protección del medio ambiente sea óptima.
Así, se identifican una serie de medidas, entre las cuales se encuentran las siguientes: ayudas para los estudios ambientales, para el ahorro energético, para fuentes de energía renovables, para la cogeneración, para la calefacción urbana energéticamente eficiente, para la gestión de residuos, para el saneamiento de solares contaminados, etc. Además, se establecen una serie de condiciones y parámetros para asegurar que dichas ayudas tengan realmente un efecto incentivador, sean proporcionales y sus efectos negativos sobre la competencia y el comercio sean limitados.
