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La ISO 14001 es una norma que establece el estándar mundial para un sistema de gestión medioambiental efectivo, poniendo la vista en un equilibrio entre la rentabilidad empresarial y la reducción del impacto ambiental de la actividad de las compañías. Nuestro equipo multidisciplinar está especializado en crear soluciones informáticas sencillas de manejar y actualizar con las que usted puede gestionar toda la legislación aplicable a su actividad empresarial y su incorporación a la normativa propia.
Nuestra aplicación EcoGestor es mucho más que un programa de gestión ambiental: contiene la legislación de aplicación en la consecución de los sellos de calidad más importantes para sistemas de gestión certificables. Así, usted puede acceder a un listado de las normas que requiere cada una, elaborado por consultores expertos; gestionar su aplicación mediante una cómoda agenda y verificar su cumplimiento. El servicio incluye la atención técnica de nuestro equipo de consultoría. Como también somos expertos en la prevención de riesgos laborales, nuestro sistema de apoyo es igualmente ideal para trabajar en pos de lograr la certificación OHSAS 18001, de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
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Se entiende como accidente grave: un hecho, como una emisión, un incendio o una explosión importantes, que resulte de un proceso no controlado durante el funcionamiento de cualquier establecimiento al que se aplique la presente Directiva, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para la salud humana o el medio ambiente, dentro o fuera del establecimiento, y en el que intervengan una o varias sustancias peligrosas
Esta modificación añade las palabras «d) fuelóleos pesados» bajo la rúbrica «Productos derivados del petróleo», por tanto, las instalaciones que almacenen cantidades superiores a las 2500 toneladas de estos fuelóleos pasarán a estar afectados por esta normativa el 14 de febrero de 2014 (si superan las 25.000 toneladas estarán clasificados en el umbral superior).
La normativa actual que se transpone las directrices de SEVESO II en España es el REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, con esta nueva Directiva antes del 31 de mayo del 2005 el estado tiene que adaptar su normativa al nuevo SEVESO III.
En legislación de seguridad, esta Directiva se conoce tradicionalmente con el nombre de SEVESO por el nombre de la ciudad donde tuvo lugar un accidente industrial en 1976 en un pequeña planta química de este municipio en la región de Lombardía, en Italia.
En el accidente se produjo la liberación de grandes cantidades de la dioxina TCDD que afectaron tanto a la población como al medio ambiente.
Tras el grave accidente de Seveso (Italia) y otros similares, la Unión Europea desarrolló esta normativa dirigida a prevenir los accidentes en sectores industriales en los que se manejan grandes cantidades de productos químicos.
Incluye cambios en la normativa de gestión de residuos, actividades extractivas, alumbrado, prevención ambiental y protección del medio ambiente.. Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas (DOGC nº 6830 de 13/03/2015).
El contenido principal de la Ley está constituido por las medidas de naturaleza tributaria, si bien la ley también recoge una serie de medidas de gestión económica y de acción administrativa. Así, el texto normativo se estructura en ocho títulos: el primero se dedica a las medidas fiscales; el segundo, al régimen jurídico de las finanzas públicas; el tercero, a medidas en materia de función pública; el cuarto, a medidas de reestructuración y racionalización del sector público, y el resto de títulos, del V al VIII, a medidas en determinados ámbitos del sector público, como vivienda y urbanismo, ordenación ambiental, aguas, transportes, medio natural y agricultura, y turismo y consumo, entre otros, que tienen objetivos de amplitud y carácter coyuntural distinto y complementan las actuaciones adoptadas en materia de política fiscal y financiera.
CÁNON DEL AGUA
En cuanto al canon del agua, las modificaciones responden a la necesidad de hacer efectivo el principio de recuperación de los costes de los servicios vinculados al ciclo del agua y de proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos, de manera que contribuyan a los objetivos medioambientales de la Directiva 60/2000/CE.
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
En relación con la protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, se modifica la Ley 12/1981, de 24 de diciembre, por la que se establecen normas adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades extractivas, para coordinar adecuadamente la aplicación de algunos preceptos de la normativa ambiental y minera. Igualmente, se posibilita que las inspecciones de seguimiento y comprobación de los programas de restauración sean realizadas por entidades colaboradoras de la Administración debidamente acreditadas.
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
También se hacen modificaciones de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. Cabe destacar el establecimiento de una periodicidad de control ambiental de las prescripciones lumínicas de las instalaciones de iluminación exterior, más espaciada que la que se aplica actualmente, que pasa a ser como máximo de seis años.
RESIDUOS
Se modifica el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio. Por un lado, se define la instalación municipal de la desechería para incluir en la misma la reutilización de productos, además de la gestión de los residuos municipales, para adaptar la definición formal de esta instalación a la realidad actual. Y por el otro, se modifican determinados artículos de la Ley con el fin de poder regular por reglamento la producción y gestión de todos los residuos, y no solamente la de determinadas categorías de residuos, como establecía el texto refundido.
ORDENACIÓN DE AGUAS
En materia de ordenación de aguas se modifican varios artículos del texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre. Se incluyen preceptos sobre el patrimonio de la Agencia Catalana del Agua, sobre el ámbito de aplicación del Programa de medidas y de los planes y programas de gestión específicos y su relación con el Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, y sobre la posibilidad de que los entes locales deleguen en la Agencia Catalana del Agua la gestión de las instalaciones y los sistemas públicos de saneamiento en alta de su competencia. Destaca, por último, la cobertura de las necesidades de financiación en concepto de costes indirectos de explotación, y se establece un sistema de atribución de fondos que permita asegurar a los entes gestores de los sistemas públicos de saneamiento más complejos la percepción de los recursos económicos suficientes para el mantenimiento de los servicios de competencia local, así como la previsión de un modelo de atribución de recursos específico para aquellos entes gestores que se hayan constituido en entidades locales del agua, y acaba de perfilarse la reforma del modelo de atribución de recursos, que lleva a cabo la Agencia Catalana del Agua para contribuir a la financiación de los sistemas públicos de saneamiento en alta, con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la asignación de fondos públicos.
El Congreso de los Diputados ha aprobado el jueves la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Esta reforma prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas)como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado.
Prohibición de nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. La Ley excluye núcleos de población, no amnistía núcleos, porque eran legales. Lo que se hace es excluirlos del dominio público por ser innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de 1988 a través de la desafectación.
Lo que se hace es excluirlos del dominio público marítimo terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, antropizados (habitados y consolidados) desde antes de 1988. Afectan, mayoritariamente, a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Pero con una importante novedad: se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria 1ª de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado.
Por tanto, no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. Es decir se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa.
Chiringuitos. La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público Se restringirán más en las playas naturales.
Exclusión de la Isla de Formentera. Esta isla tiene características geomorfológicas especiales, es un caso singular, y por ello recibe un tratamiento singular. Se modifica un deslinde, pero se garantiza el mantenimiento de la zona de servidumbre de protección, en la que se prohíbe edificaciones residenciales.
Urbanizaciones marítimo-terrestres. El Proyecto regula las urbanizaciones en base a dos criterios: defensa del dominio público marítimo terrestre, porque los canales navegables son dominio público. Al mismo tiempo, asegurar la propiedad privada de las viviendas (siempre lo fueron), aportando la seguridad jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos privados, tanto individuales como colectivos.
Cambio climático y erosión/regresión de la costa. La Leyincorpora regulaciones específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios, otra de las novedades de esta Ley.
También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones el supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.
La Ley, asimismo, impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una serie de medidas que permitan mitigarlos.
Plazo de 75 años de concesión.Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
No es nuevo, ya que la Ley de Aguas que regula las aguas continentales y es muy próxima materialmente a la Ley de Costas tiene ese mismo plazo. Es un plazo máximo, que no tiene por qué completarse, sino que se acomodará a cada tipo de uso.
Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.
Transmisión de concesiones.Toda transmisión debe ser autorizada por el Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumple los requisitos, tanto económicos como de protección del dominio público marítimo terrestre. Además, se promoverá una cierta apertura del sector en beneficio de la calidad de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en domino público.
Salinas y establecimiento de cultivos marinos. Lo que se hace es devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de 1988. Son actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral. Y, además, se añade una limitación muy importante: se consideran zona de servidumbre de protección. Lo que quiere decir que en esos terrenos no se van a poder construir viviendas ni hoteles.
Dominio Público Marítimo Terrestre. No se reduce con carácter general, sino que lo que la reforma pretende es evitar las ambigüedades y las aplicaciones heterogéneas, que se han producido en los deslindes. Por eso, la Ley obliga a que se establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del dominio público marítimo terrestre (mayores temporales conocidos, algo que no se modifica) e incorpora definiciones de los principales componentes del dominio público como dunas o marismas, cuyo alcance tampoco se modifica.
Se alcanza más objetividad, en definitiva, mejor defensa del dominio público marítimo terrestre y mayor seguridad jurídica. Sólo en casos excepcionales hay exclusiones del dominio público porque están plenamente justificados (12 núcleos excluidos, por urbanos, y Formentera).
Viviendas ilegales. La Ley no es una amnistía en ningún caso. En relación con las viviendas que por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la Administración General del Estado cumplirá con su obligación, y también apoyará a las Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos para encontrar soluciones a tales problemas.
Eventos en playas. La situación real era que determinados eventos se producían en las playas, sin autorización y con cierta permisividad. La Ley de Costas regula esta cuestión para establecer los requisitos, límites y condiciones en que es posible la ocupación de las playas, garantizando su conservación y entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
La orden ministerial PCI/824/2018 modifica las exenciones a la prohibición de utilizar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos.
El 2 de agosto ha sido publicado en el BOE la Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifican las exenciones a la prohibición de metales pesados en los vehículos al final de su vida útil en el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero.
En aplicación de las medidas de protección medioambiental, tanto el Real Decreto 20/2017, como la Directiva 2000/53/CE, establecen la prohibición del uso de plomo, mercurio, cadmio o cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos puestos el mercado después del 1 de julio de 2003.
El anexo II de la directiva, que se incorporó como anexo I en el real decreto, establece exenciones a la prohibición de utilizar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos, el alcance y fecha de vencimiento de la exención y la obligación de marcado de materiales y componentes.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de la habilitación prevista en la disposición final tercera del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, que faculta a los Ministros para la Transición Ecológica, del Interior y de Industria, Comercio y Turismo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo establecido en dicho real decreto y, en particular, para la adaptación de los anexos a las disposiciones y modificaciones que establezcan las normas internacionales, el derecho de la Unión Europea o el estado de la técnica.
Mediante esta orden, también se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil.
El Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, fomenta la reutilización de piezas, materiales y componentes.Los fabricantes e importadores de vehículos tienen la obligación de organizar la recogida y gestión de los vehículos al final de su vida útil colaborando con los gestores de residuos.
Los vehículos de motor que han llegado al final de su vida útil y cuyo uso ya no es adecuado, generan millones de toneladas de residuos. Para reducir al mínimo las repercusiones sobre el medio ambiente y asegurar una mejor recuperación de los materiales, la legislación europea estipula la manera en que deben diseñarse los nuevos vehículos y cómo deben recogerse y tratarse estos residuos. Se trata de la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil, que se transpuso a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 1383/2002, que ahora se sustituye.
Mediante este real decreto se adapta la regulación de los vehículos al final de su vida útil a la Ley de residuos y suelos contaminados, en especial a aspectos como incluir la preparación para la reutilización, que comprende las operaciones de comprobación, limpieza o reparación mediante las cuales los componentes de los vehículos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse.
Igualmente, se establecen las previsiones relativas a la responsabilidad ampliada del productor del vehículo, contempladas en la Ley de residuos, para dar cumplimiento a las obligaciones de los fabricantes e importadores de organizar la recogida y gestión de los vehículos al final de su vida útil y, cuando resulte necesario, la financiación de esa recogida y del tratamiento de los residuos generados por ellos.
El real decreto introduce también, por primera vez, objetivos específicos con porcentajes de preparación para la reutilización, fomentando así la economía circular.
Para fomentar la reutilización, además, el real decreto establece un proceso que obliga a que todos los vehículos al final de su vida útil se traten primero en un Centro Autorizado de Transformación, donde se descontaminan y se separan las piezas que pueden ser reutilizadas. Además, el establecimiento de objetivos mínimos de preparación para la reutilización otorga instrumentos a las administraciones públicas para conocer la cantidad de piezas que se comercializan en el mercado de segunda mano.
Por otra parte, la clarificación de la cadena de tratamiento del vehículo permitirá combatir más eficazmente el desguace ilegal.
Los productores de vehículos deben presentar, asimismo, un informe anual sobre la puesta en el mercado de vehículos y los residuos generados, recogidos y tratados procedentes de estos vehículos.
Además, los gestores de residuos que realicen operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil presentarán una memoria anual relativa a todos los residuos que gestionen.
ECOGESTOR LEGISLACIÓN
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El marco jurídico de envases y residuos de Envases en España es del año 1997, en concreto se trata de la Ley de Envases, Ley 11/1997, de 24 de abril, y su Reglamento de desarrollo y ejecución aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. Tras más de veinte años de vigencia de la actual ley de envases, se hacía necesaria una revisión integral de toda la normativa de envases y residuos de envases actualmente en vigor, en especial para adaptarla a los nuevos requerimientos comunitarios que son de aplicación en esta materia.
Por esta razón, se publica el nuevo real decreto de Envases y Residuos de Envases (RD 1055/2022, de 27 de diciembre) que define el nuevo marco jurídico en la materia, y que deroga la actual Ley de Envases.
Este real decreto tiene por objeto prevenir y reducir el impacto de los envases y de sus residuos sobre el medio ambiente teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, por lo que se trata de una norma con una clara intención de ratificar las políticas hacia la economía circular que se están desarrollando en los últimos años.
Mediante este real decreto que sustituye a la actual ley de envases se incorpora al ordenamiento jurídico español:
Así mismo, este real decreto pretende desarrollar el régimen de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases y residuos de envases, según se contempla en la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
La entrada en vigor de esta norma implica la derogación del actual marco jurídico cuyo epicentro es la Ley de Envases:
En este artículo explicamos en detalle los principales requisitos que esta nueva norma va a desarrollar.
Este Real Decreto que sustituye a la actual ley de envases será aplicable a todos los envases y sus residuos puestos en el mercado en el territorio del Estado, con independencia de que su origen sea la industria, comercio, oficinas, establecimientos comerciales, servicios, hogares, o en cualquier otro sitio
La norma que sustituye a la ley de envases actual tiene una clara visión prevencionista y por ello establece unos claros objetivos de prevención y reutilización de envases:
Objetivos de prevención de envases y residuos de envases:
Objetivos de reutilización de envases y residuos de envases:
Los envases reutilizables deberán ser reciclables al final de su vida útil.
Para lograr estos objetivos de prevención, reutilización y reciclado de envases y residuos de envases la nueva norma que sustituye a la actual ley de envases contempla varias medidas que afectan tanto a las autoridades competentes, como a comercios, y entre ellas:
En materia de reciclado y valorización también la norma que deroga a la actual ley de envases establece objetivos claros:
Para lograr dichos objetivos se establecen requisitos sobre contenido mínimo obligatorio de plástico reciclado en los envases
La nueva norma de envases y residuos de envases (en sustitución de la actual ley de envases) contempla también requisitos en cuanto a diseño y marcado que deberán cumplirse a lo largo de todo el ciclo de vida de los envases, con objeto de reducir su impacto ambiental global, no sólo durante su fabricación sino también en el uso posterior.
Los fabricantes o importadores de envases solo podrán introducir en el mercado los envases que cumplan los requerimientos establecidos en el art. 12. Los fabricantes e importadores o adquirientes intracomunitarios deberán disponer de los documentos e información que permita acreditar la conformidad de los envases.
Además deberán cumplir con las obligaciones de marcado e información señalados en el art. 13, en los envases que deberán ostentar sobre el propio envase o sobre la etiqueta.
Una de las figuras más importantes de esta nueva «ley de envases» es el productor de producto. Según la propia definición de esta norma se entiende por productor de producto: los envasadores o, cuando no sea posible identificar a los anteriores, los responsables de la primera puesta en el mercado de los productos envasados.
Los productores de producto deberán inscribirse en la sección de envases del Registro de Productores de Productos, en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de esta norma.
Los productores de producto deberán recopilar la información del apartado 2 del anexo 4, relativa a los envases puesto en el mercado nacional en cada año natural, y deberán remitirla al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico antes del 31 de marzo del año siguiente.
La nueva «ley de envases» (en realidad Real Decreto) dedica todo un apartado a desarrollar el régimen de responsabilidad ampliada del productor. La responsabilidad ampliada del productor busca trasladar a los productores la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado. Para ello propone que tengan que asumir la gestión de los residuos que generan.
Esta nueva norma define las obligaciones que con carácter general deben asumir los productores de producto en relación a los envases, que entre otras son:
Además de las anteriores, los productores de producto deberán aplicar un plan empresarial de prevención y ecodiseño con carácter quinquenal, siempre que a lo largo de un año natural, pongan en el mercado nacional una cantidad de envases igual o superior a las siguientes cantidades:
– 250 toneladas, si se trata exclusivamente de vidrio,
– 50 toneladas, si se trata exclusivamente de acero,
– 30 toneladas, si se trata exclusivamente de aluminio,
– 20 toneladas, si se trata exclusivamente de plástico,
– 20 toneladas, si se trata exclusivamente de madera,
– 15 toneladas, si se trata exclusivamente de cartón o materiales compuestos.
– 300 toneladas, si se trata de varios materiales y cada uno de ellos no supera, de forma individual, las anteriores cantidades.
Respecto a los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada la nueva «ley de residuos» (Real Decreto) establece los criterios para su constitución y funcionamiento:
Los sistemas individuales y colectivos estarán obligados a cumplir con las obligaciones que los productores les confieran en las materias de organización de la recogida y gestión de residuos, cumplimiento de objetivos, y financiación e información, derivadas de la responsabilidad ampliada del productor. Por su lado, el productor del producto deberá cubrir el coste real y total de la gestión de los residuos de envases generados.
Los sistemas de responsabilidad ampliada del productor suscribirán una garantía financiera y lo acreditarán ante el órgano competente en la comunidad autónoma donde se vaya a presentar la comunicación o a solicitar la autorización de estos sistemas.
Según la nueva»Ley de Envases» los comerciantes o distribuidores de productos envasados que realicen tanto venta presencial como a distancia deberán:
Los distribuidores de productos envasados en envases comerciales deberán:
Según la nueva«Ley de envases» distribuidores de productos envasados que realicen tanto venta presencial como a distancia deberán:
Los poseedores deberán retornar a los distribuidores o a los envasadores los envases industriales reutilizables o los residuos de envases industriales sujetos al sistema de depósito, devolución y retorno, en las condiciones de conservación y limpieza definidas por los envasadores.
Consultar aquí el RD 1055/2022 de envases
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Industria ha publicado las ayudas a industrias dentro del mecanismo de compensación de CO2. En este artículo te contamos qué es el mecanismo de compensación de CO2 y te damos más detalles sobre estas ayudas.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado este pasado 26 de septiembre de 2022 la propuesta de resolución provisional, en la que se contemplan ayudas por cuantía de 244 M€ para empresas de sectores industriales que están expuestos a riesgo significativo de fuga de carbono, dentro del marco del mecanismo de compensación de CO2.
El número de instalaciones que han resultado beneficiarias de estas ayudas dentro del mecanimos de compensación del CO2 alcanza las 212 instalaciones y la distribución de las ayudas por comunidades autónomas es liderada por Galicia con un total del 18% de las ayudas, seguida por Asturias (16%) y País Vasco (15%).
En el caso de la distribución por sectores la mayor cuantía de las ayudas corresponde al sector del hierro y acero (37.5%), a continuación el sector del papel con 18.5% y el aluminio con 15% de las ayudas.
La resolución provisional puede ser consultada en este enlace: Resolución
El marco normativo que desarrolla el mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero se recoge en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, para el periodo 2021-2030.
Existe un riesgo de fuga de carbono, ya sea porque la producción se traslade fuera de la Unión Europea a otros países menos ambiciosos respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, o bien porque los productos de la Unión Europea sean sustituidos por productos importados que emitan más carbono.
De cualquiera de las dos formas, si este riesgo de fuga se materializa, no existirá una reducción a nivel mundial de las emisiones, lo que frustrará los esfuerzos de la Unión Europea por lograr los objetivos climáticos impuestos.
Por tanto, la finalidad del mecanismo de compensación de CO2 no es otro que evitar el traslado de las actividades productivas de ciertos sectores que se consideran más expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, hacia terceros países que no están sujetos al Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, lo que implicaría una pérdida de la actividad productiva en la Unión Europea y un aumento global de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dentro de este contexto, y para paliar el impacto de estos costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la competitividad de las industrias europeas, se hace necesario establecer el mecanismo de compensación de CO2, que toma la forma de subvención y que se denomina «Ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2».
El Real Decreto 309/2022, establece las bases reguladoras del mecanismo de compensación de costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero, repercutidos en los precios de la electricidad, para el periodo 2021-2030.
Este mecanismo de compensación de CO2 es de aplicación para determinados sectores y subsectores que se consideran están expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono y que se recogen en el anexo I:
Pueden acogerse a estas ayudas las personas jurídicas del sector privado, incluidas o no en Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, si cumplen los siguientes requisitos:
a) Estén válidamente constituidas en el momento de presentar la solicitud.
b) Realicen una o varias actividades o fabriquen productos destinados a comercialización y beneficio empresarial, en los sectores enumerados en el anexo I
c) Hayan incurrido en costes de emisiones indirectas de CO2, en el año precedente a la convocatoria del mecanismo de compensación de ayudas, como consecuencia de los costes indirectos soportados en los gastos de suministro destinados a los procesos productivos.
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La responsabilidad ambiental es un tipo de responsabilidad derivada de la entrada en vigor de la Ley 26/2007 que obliga a operadores de actividades (incluidos en el alcance de la norma), a prevenir, evitar y reparar aquellos los daños medioambientales cuya actividad pueda provocar, devolviendo los recursos a su estado previo.
Aunque toda empresa se ve afectada por la Ley de Responsabilidad Medioambiental, el alcance de su responsabilidad depende la actividad económica o profesional en cuestión.
La creciente preocupación y sensibilización de la sociedad por la preservación del medio ambiente en los últimos años ha hecho que se vigile con detalle la responsabilidad ambiental de las empresas. En España, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, introdujo el concepto de responsabilidad medioambiental un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado basado en los principios de prevención y de que quien contamina paga.
Los titulares de las actividades incluidas en el alcance de la ley de responsabilidad ambiental quedan obligados a asumir los costes de las acciones de prevención, evitación o reparación necesarias.
Conforme se establece en la propia Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental existen dos tipos de responsabilidad:
Es una responsabilidad administrativa, es decir, la exige la administración pública y es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda exigirse por el mismo hecho.
El objeto de la Ley 26/2007 de responsabilidad ambiental es dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución y al principio “quién contamina paga”.
La ley de responsabilidad ambiental excluye ciertos daños ambientales cuando hayan sido generados por ciertas causas:
La ley que regula esta responsabilidad es la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que fue publicada en el BOE el 24 de octubre de 2007
Este tipo de responsabilidad ambiental se trata, efectivamente, de un régimen administrativo en la medida en la que instituye todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio la Administración pública debe garantizar el cumplimiento de la ley y la aplicación del régimen de responsabilidad que incorpora. Se separa, pues, de la responsabilidad civil clásica en la que los conflictos entre el causante del daño y el perjudicado se dirimen en sede judicial.
Ninguna organización escapa a la aplicación de la Ley de Responsabilidad ambiental. De una manera u otra, cualquier empresa se ve afectada por esta norma. Otra cuestión es el alcance de la responsabilidad ambiental de una actividad económica o profesional en concreto, que depende de si figura o no en el listado de actividades del Anexo III de la Ley 26/2007, por ejemplo:
Para determinar el alcance de la responsabilidad ambiental de una empresa y las obligaciones legales que debe asumir, es fundamental saber si se encuentra incluida entre las actividades indicadas en el Anexo III de la Ley de Responsabilidad ambiental.
Los bienes protegidos por esta norma son de naturaleza medioambiental:
De manera expresa quedan excluidas fuera de su ámbito los daños tradicionales que puedan afectar a particulares y a sus propiedades.
Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales son aquellas ya reguladas por la legislación comunitaria que, por su naturaleza, entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana, es decir, las actividades del Anexo III.
En todos estos supuestos que hemos nombrado, la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra dolo, culpa o negligencia en el operador.
Las instalaciones que realicen actividades distintas a las especificadas en el Anexo III también están afectadas por ley en cuanto al deber de reparar, pero solamente en el caso de que haya dolo, culpa o negligencia.
La obligatoriedad de prevenir y evitar daños al medio ambiente también se amplía al conjunto de operadores económicos y profesionales.
La Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental obliga a las empresas a llevar a cabo medidas que prevengan, eviten y reparen daños ecológicos, así como a sufragar costes cuando sean responsables de los mismos.
Por otro lado, la normativa determina la obligación de informar de manera inmediata a la autoridad competente de la existencia de daños medioambientales ocasionados o su amenaza inminente. Asimismo, la ley también establece la obligación de fijar medidas reparadoras y ejecutar las que adopte la Administración.
Antes de un accidente deben:
Después de un accidente deben:
Antes de un accidente deben:
Después de un accidente deben:
Según lo establecido anteriormente, el operador deberá:
En todo caso para la elección de las medidas reparatorias se considerarán los siguientes criterios:
Independientemente de todo y siempre que sea responsable de los daños causados al medio ambiente, el operador deberá sufragar los costes de las medidas adoptadas.
Sin embargo, existen ciertas excepciones en las que el operador no estará obligado a sufragar los costes de las medidas de prevención, de evitación y de reparación, siempre que demuestre que los daños se produjeron exclusivamente por alguna de las siguientes causas:
Son las medidas que el titular de la actividad debe implementar en caso de amenaza inminente para impedir su producción o reducir al máximo del daño causado.
Son aquellas medidas que el titular de la actividad responsable deberá implementar una vez producido un daño medioambiental con objeto de impedir daños medioambientales más graves.
Son aquellas medidas cuyo objeto es reparar, restaurar o reemplazar los recursos naturales dañados.
Dentro de la ley de responsabilidad ambiental se pueden distinguir tres tipos de medidas de reparación:
Una de las obligaciones que establece la ley de responsabilidad ambiental es la constitución de una garantía financiera.
La garantía financiera es una herramienta que permite asegurar que el operador de la actividad responsable disponga de recursos económicos para hacer frente a su responsabilidad medioambiental
La constitución de ésta es un requisito obligatorio para ciertas actividades incluidas en el anexo III de la Ley de responsabilidad ambiental, sin perjuicio de las exenciones establecidas en su art. 28
Para establecer la cuantía de la garantía financiera el operador queda obligado a realizar un análisis de riesgos ambientales
Tienen la obligación de constituir la garantía financiera las siguientes actividades:
Con las siguientes excepciones recogidas en el art. 28 de la ley de responsabilidad ambiental:
Si su compañía es titular de una instalación industrial cuya actividad se encuentra especificada en el Anexo III de la Ley de Responsabilidad ambiental es muy importante:
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